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Patxi Igandekoa nos cuenta cómo el sistema SITEL hace posible tecnicamente la intercepción de llamadas por el gobierno en toda España, pero sobre todo algo mucho más alarmante: no existe un marco jurídico garantista que obligue a las instituciones del ejecutivo a contar con la supervisión de un juez, como remarcó en su informe al Fiscal General del Estado, ya en 2005, el teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez. ¿Es España ya una Sociedad de Control?
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